LOS JUECES SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A MOTIVAR LAS DECISIONES QUE ADOPTAN.

Con ello se busca garantizar que las providencias estén fundamentadas en la ley, como también que las partes puedan conocer los motivos que llegaron a la concesión o no de sus pretensiones y puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa. De allí que la Corte Constitucional haya establecido “la decisión sin motivación” como una causal autónoma para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y haya reiterado su importancia en el ordenamiento jurídico.

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