INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD TORNA IMPROCEDENTE LA PRESENTACIÓN DE LA TUTELA.

La acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias de cada juicio, pero en ningún momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política. En ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciación autónoma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jurídico, sin incurrir, desde luego, en desviación ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la temática de la discusión procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le está vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonomía e independencia que demarcan la función judicial. Por ello, la accionante no puede pretender anteponer su propia interpretación, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta vía, la decisión que considera la desfavoreció, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acción de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ordinarios. Por lo tanto se aduce que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia han demostrado de manera constante que para acudir a la acción de tutela para exigir la protección de derechos vulnerados, se requiere que el ciudadano respete el requisito de subsidiariedad lo cual no se cumple en el caso sometido a estudio, teniendo en cuenta que la providencia que originó el motivo de inconformidad nunca fue impugnada en el momento procesal oportuno, de modo que no se ejercieron todos los medios legales existentes antes de acudir al citado medio constitucional.