La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó inicialmente que el principio de la condición más beneficiosa es un mecanismo que busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, protege a un grupo poblacional con expectativa legítima y al ser excepcional, su aplicación necesariamente es restringida y temporal. Del mismo modo, la providencia explica que el legislador nunca pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de invalidez. Así mismo, aclaró que si bien con este principio debe resguardarse los hechos denominados intertemporales que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener por término indefinido la protección de derechos que aún no se han consolidado. En virtud de ello y conforme con la Ley 100 y la Ley 860 del 2003, que reforma algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, la corporación advirtió que el tiempo de permanencia de esa zona de paso entre estas dos normas es de tres años.
Ello, a razón de que la Ley 860 dispuso este tiempo como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización, esto es, 50 semanas en los tres años anteriores al momento de la invalidez y una vez verificada la contingencia invalidez de origen común, puedan acceder a la prestación correspondiente.
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